¿Os imagináis una sociedad en la que los poderes públicos lograran que los ciudadanos sin la necesidad de coerción, hicieran todo aquello que redundara en el bien común? El superhombre de Nitzsche hecho carne.

Este es el objetivo de la teoría Nudge o del "empujoncito" que, desde hace unos años, es tendencia en el mundo de las políticas públicas. El tema no es nuevo en absoluto: introducir nuevos comportamientos en la población ha sido históricamente un reto o una tentación, como se prefiera. Pero no es asunto sencillo. La mayoría de las medidas que han buscado incentivar comportamientos se han basado tradicionalmente en ofrecer incentivos positivos, como pequeñas recompensas económicas, o negativas como multas, sanciones o prohibiciones.

El problema es que ¿no deberían los ciudadanos ser conscientes de que se están utilizando técnicas psicológicas para, desde los poderes públicos, encaminarles hacia determinadas direcciones? ¿No deberían incluso expresar su consentimiento al uso de este tipo de técnicas que condicionan su comportamiento? Y aún más, sin ese escrutinio, ¿cuál es la diferencia entre empujar y manipular?

El problema moral al que nos enfrentamos es doble: ¿quien y en base a qué decide lo que es correcto o bueno o simplemente mejor? y, ¿no deberíamos disponer de medios más eficaces para controlar o al menos conocer esos mensajes que nos aturden, para auditarles y forzarles a una necesaria transparencia?