Este segundo capítulo es dedicado a la ingobernable y valiente, Julia Cristina Hernández Arévalo, activista y presa política, originaria de Masaya, quién a finales de marzo de este año fue condenada por una jueza orteguista a una pena de 18 años de cárcel y una multa de más de 50 mil córdobas, en un juicio donde las pruebas no coincidían con los hechos acusados, según lo denunció en su momento a La Lupa, su abogado, el doctor Julio Montenegro miembro de la agrupación Defensores del Pueblo.