Uno de los grandes escollos que ha impedido al Estado dominicano conformar un cuerpo del orden público distinto al que tenemos, ha sido la falta de consenso en torno a la Policía Nacional que queremos.

Hay quienes exigen una Policía moderna y capacitada, respetuosa de los derechos humanos y fundamentales de las personas. Otros, en cambio, piden a todo pulmón una Policía mano dura e implacable con quienes delinquen.

En gran medida, esas discrepancias surgen de la actuación de los miembros de esta institución como actores de primer orden de la seguridad pública.

Otra barrera que no hemos podido saltar para lograr una Policía con hombres y mujeres bien entrenados y probada vocación de servicio, son los arraigados prejuicios que subyacen en el seno de la población.

Esto último se expresa en la actitud de desprecio que muestra mucha gente cuando refiere algún tema relacionado con la Policía. O en el peor de los casos, cuando por circunstancias diversas se producen confrontaciones de tipo personal durante las horas de servicio de sus uniformados.

Ya en otras ocasiones hemos sugerido que cualquier reforma a la Policía Nacional debe incluir, como elemento nodal, una estrategia bien pensada para elevar su moral institucional y posicionarla como un ente estatal revestido de credibilidad, respeto y alta valoración social.

Pero esto no será posible si a lo interno de esa institución no se propicia un cambio radical de su cultura gerencial retrógrada, centralizada y con pronunciada dosis de arbitrariedad.