Cuando un partido juega el rol de ente opositor, es comprensible que lo antes visto como bueno, correcto y válido, lo visualice luego de modo contrario, a veces en términos absolutos.

Es una práctica que suele convertirse en círculo vicioso, sobre todo en aquellos países cuya cultura política no asume la oposición como una herramienta de participación constructiva en el desempeño y propósitos fundamentales de una gestión gubernamental.

Generalmente, los partidos fuera del poder apuestan al descrédito de quienes gobiernan, sin que medie esa actitud responsable, sensatez y madurez política de quienes aspiran a regir los destinos de la nación.

Este estilo de confrontación política parte del criterio de que lo primordial es detractar al Gobierno por sobre todas las cosas, para debilitarlo y proyectarlo como incapaz de adoptar decisiones trascendentales en favor de los gobernados.

En República Dominicana, durante décadas, en términos generales esa ha sido siempre la tradición. Los actores políticos invierten tiempo y cuantiosos recursos en dañar la imagen pública del Gobierno, más que centrarse en una oposición orientada al debate de aspectos sustanciales de la vida nacional.

Es un tipo de oposición estéril y carente de estrategias, cuyo objetivo es precisamente entorpecer el ejercicio de la Administración Pública, existan o no motivos que justifiquen sus cuestionamientos.

La oposición política razonable, en cambio, no solo identifica problemas en el quehacer gubernamental, sino que plantea, discute y defiende propuestas de solución a situaciones que afecten a la colectividad.

Es una oposición razonable y además inteligente, porque se sitúa a futuro en un escenario político-electoral del que espera cosechar el impacto positivo de articular debates constructivos sobre temas alusivos a la vida de la gente.

Contradecir cada actuación del Gobierno con argumentos simplistas y vacíos, es una oposición redundante, desconectada del interés general, sin agenda programática y, por tanto, carente de sentido.