He defendido siempre la presunción de inocencia, pero hay instituciones en las que el cese es imprescindible. Es lo que ha sucedido con la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación de su marido en una causa penal. A esto hay que añadir que esta destitución fulminante coincide con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras de 13 comandancias y con el «Caso Mediador» que afecta a dos generales retirados de la Benemérita. El Gobierno ha acertado resolviendo parcialmente un problema provocado por la desafortunada politización de la dirección de una de las instituciones más prestigiosas e importantes de nuestro país. Esta es una cuestión que se tendría que abordar, porque convendría no poner políticos al frente de la Policía y la Guardia Civil. Las directoras o directores del Instituto Armado contemplan este cargo como una etapa de su carrera. Es un grave error. Hay que tender a un modelo, como sucede en algunos países, donde el responsable político es el secretario de Estado y, por debajo suyo, son todos funcionarios especialistas en las materias.