El Gobierno de Pedro Sánchez plantea una reforma en la Ley concursal que beneficia a los fiscales generales, dándoles un puesto en el Tribunal Supremo una vez dejen su cargo. Los principales socios de Gobierno y la oposición se han mostrado en contra, aunque la ministra de Justicia, Pilar Llop, asegura que la medida se ajusta a las recomendaciones de la Unión Europea.