Un día como hoy, 22 de marzo, pero en 1873 una ley aprobada por las Cortes de España decretó la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. El 5% de la población general de ese entonces, 29 mil personas, fueron dejadas en libertad. En medio de una expectativa de una rebelión como hubo en otras partes del Caribe, se logró la liberación de los esclavos. A la vez, se indemnizaría a los hacendados por la pérdida de la llamada "propiedad" y los libertos debían de seguir bajo contrato con sus pasados dueños por 3 años adicionales, además de que no comenzarían a tener derechos políticos hasta 5 años después. Hombres, mujeres y niños tuvieron acceso a una nueva vida después de años de fugas, querellas y del movimiento abolicionista. En pleno siglo XXI habría que cuestionarse si en Puerto Rico la esclavitud se manifiesta en otras dimensiones, como lo es la corrupción. Las más recientes condenas en los tribunales por casos de corrupción han dejado al descubierto el poder que tiene la enfermiza ambición de ganar más dinero a costa de toda vía moral y cómo, en el caso de la política, se empobrece más a los que ya estaban en situaciones económicamente muy vulnerables. ¿Puede haber patrones de esclavitud en medio de un sistema entendido como democrático? ¿Qué medidas serían viables para abolir estas nuevas esclavitudes? De esto hablamos hoy en Actualidad Publica