Gracias a la firma del acuerdo de paz, las fuerzas del Estado, que trabajan en los ámbitos de seguridad y defensa, tienen la obligación de proteger, por encima de todo, los derechos humanos de la ciudadanía colombiana. En el acuerdo, firmado en La Habana, se reconoció la existencia de un conflicto armado en el que había responsabilidad de todas las partes y, en algunas oportunidades, los agentes del Estado también violaron los derechos fundamentales de los ciudadanos.