Luego de que la Procuraduría General de la República oficializó y estableció las tarifas para las multas a cobrar a las personas, comercios y vehículos que violenten el toque de queda y otras restricciones dispuestas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, las reacciones contra la medida no se han hecho esperar.

Aducen las personas y entidades que, con la aplicación de esas multas, se está violando la ley y hasta la propia Constitución. También que el órgano persecutor de la corrupción no tiene facultad jurídica para establecer esas multas.

Hablamos ampliamente del tema y de la necesidad de modificar la estructura del estado de emergencia, con nuestro amigo y habitué, Yuri Rodríguez.