El pasado 10 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, condenó a 26 años y 4 meses de prisión al Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, un día después que este se negara a abandonar Nicaragua junto a los otros 222 ex presos políticos. Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 28 de marzo, pero días antes de la excarcelación, el régimen decidió adelantar el juicio para el 15 de febrero.

Sin embargo, luego de la negativa del Obispo de abandonar Nicaragua, la dictadura no esperó y lo condenó el 10 de febrero.

Una de las principales irregularidades es que la dictadura arrebató sus derechos ciudadanos, incluyendo su nacionalidad, pese a que la reforma al artículo 21 de la Constitución Política no está en vigencia, puesto que las reformas constitucionales deben ser aprobadas en dos legislaturas. El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que de cualquier forma, la reforma constitucional no tiene ninguna validez.