La LOMLOE ha eliminado la demanda social como elemento a tener en cuenta por parte de la Administración, en la programación de plazas escolares. Su pretensión es abocarnos a una planificación unilateral y dirigista donde no se tenga que atender las peticiones de las familias, y se posibilite la eliminación de unidades concertadas con demanda social en beneficio del mantenimiento, o incluso la ampliación, de unidades de titularidad pública sin esa demanda. ¿Habrá conseguido su objetivo? ¿Podrá eludir con ello la jurisprudencia que venía manteniendo el concierto de los centros? En este artículo defendemos que no, que, a pesar de la LOMLOE, la demanda social sigue teniendo defensa judicial ¿Quieres saber por qué?