El presidente Luis Abinader promulgó el pasado 18 de noviembre la Ley núm. 361-22 que permitirá que de ahora en adelante el robo sin violencia y sin armas pueda y deba ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima. Conocemos las implicaciones del tema con nuestro jurista de cabecera, Francisco Álvarez Martínez.