¿A qué estaría bien en un sistema democrático -de libertades, derechos y deberes consolidados- que los ciudadanos y las ciudadanas nos viésemos representadas y nos sintiéramos escuchadas por los medios de comunicación que sustentamos con nuestra atención o bien que sufragamos a través de los presupuestos? Por no ser muy exigentes, aflojemos: ¿Nos conformaríamos, al menos, con que ocurriese en los medios propiedad del Estado, las comunidades y los municipios? Decimos que estaría bien porque, no nos engañemos, eso o no ocurre o se produce de forma parcial.

Y aunque en España tiene un reconocimiento como derecho fundamental en la Constitución de 1978, apenas tiene una aplicación testimonial.

La Constitución en su artículo 20, punto 3, dice: "La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España." Eso en cuanto a los medios públicos, pero además están los privados de los cuales podíamos hablar también. ¿Te apuntas? En “Gente con clase” hablamos del derecho de acceso a los medios de comunicación. Se sientan con nosotros, José Ignacio Pastor, president de la asociación ‘Ciutadanía I comunicaciò’; Ángel García, director de Políticas Audiovisuales en Corporación Radio Televisión Española; y Empar Pablo, secretaria confederal de Comunicación de CCOO.