La mala gestión del área informática de la Junta Central Electoral (JCE) fue la principal razón del colapso de las #elecciones municipales del pasado 16 de febrero, según el informe de 45 páginas presentado por la Organización de Estados Americanos (#OEA).

El mal diseño del software, sumado a no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarla a tiempo, produjo el descalabro del sistema de votación automatizado utilizado por la JCE para ese certamen electoral.

De acuerdo al resumen ejecutivo, el informe también reveló la ausencia de protocolos y la falta de aplicación de bue­nas prácticas.

Sin embargo, el equipo auditor de la OEA no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude.

Y siguiendo con el tema, El coronel de la Policía Ramón Antonio Guzmán Peralta interpondrá una querella contra los funcionarios que lo apresaron y allanaron su residencia de manera ilegal, supuestamente por participar en un sabotaje en las suspendidas elecciones municipales.

El oficial señaló que accionará judicialmente contra los responsables de su encierro ilegal a través de sus abogados por violación de varias disposiciones del Código penal y de la Constitución.

El coronel dijo que los señalamientos en su contra iniciaron luego de que la Junta Central Electoral (JCE) suspendiera las elecciones municipales por graves inconvenientes técnicos sucedidos durante el proceso con el voto electrónico, lo que y provocó que fuera suspendido de sus funciones como parte de la avanzada del candidato opositor Luis Abinader.

Dijo que lo que le llamó la atención fue el aparatoso allanamiento en casa de su hijos, a las 3:00 de la madrugada mediante orden de allanamiento y de arresto estaban- motivadas por razones ajenas a los hechos ocurrido en la JCE, que eran los señalamientos en su contra.

«Haré respetar mis derechos legales y constitucionales a cualquier precio reclamando el resarcimiento por los daños causados a mi persona y familia», manifestó Guzmán Peralta al expresar que apoderó a un equipo de abogados para que lo represente en la acción que iniciará ahora en contra de esos funcionarios y que llegará hasta las últimas consecuencias.