La venta a pérdidas ha sido un foco de conflicto entre agricultores y comercios desde hace muchos años. Esta práctica consiste en vender un producto por debajo del precio de coste de producción. Recientemente, hemos visto enfrentamientos entre sindicatos agrarios y grandes superficies por el aceite, la leche o el arroz, por ejemplo.

Para tratar de atajar este problema, la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado una nueva modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que incluye la prohibición de la venta a pérdidas en todos sus eslabones, incluyendo al consumidor final. No es la primera vez que los diferentes gobiernos tratan de regular la cadena alimentaria, con resultados infructuosos hasta el momento.

Ahora, este proyecto de Ley permite adaptar la legislación nacional a la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

La redacción acordada ahora por PSOE y Unidas Podemos establece que "cada operador (de la cadena alimentaria) deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador".

En el caso de la venta final de alimentos o productos alimenticios, los operadores "no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo", considerando como venta desleal el incumplimiento de este artículo.

No será el caso de las ventas con pérdidas de alimentos o productos "perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización". Pero siempre será necesario que se proporcione información clara de esta circunstancia a los consumidores. Asimismo, también excluye "las ofertas conjuntas a los obsequios a los compradores".

Finalmente, el acuerdo contempla que "el operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público".

¿Son suficientes las medidas tomadas para resolver el problema de la venta a pérdidas? Pues las asociaciones agrarias, aunque valoran positivamente este avance legislativo, echan en falta medidas adicionales, para que de verdad fuera eficiente.

En concreto, se centran en tres aspectos.

- Que se cree un organismo oficial o público que haga un seguimiento de los costes medios de producción de cada producto, de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena, para verificar que no se hace venta a pérdidas

- Controlar que la excepción para productos perecederos no se convierta en una generalización. Sobre todo en productos como cítricos, uvas, hortalizas... utilizados como producto reclamo, que es lo que se intenta evitar.

- Por último, poner el foco en las importaciones procedentes de otros países, para evitar la competencia desleal que en muchas ocasiones acaba por lastrar los precios de los productos europeos. Sin proteger este aspecto, advierte, la ley no será efectiva.